Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia expresaron que “si este fallo a favor de las empresas inmobiliarias quedase firme, ello representaría un duro golpe para más de un millón de inquilinos que residen actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, y un nuevo obstáculo para el acceso a la vivienda de quienes precisan resolver su situación habitacional mediante el mercado de alquileres”.
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